El organismo quiere conocer si la Generalitat puede asumirla garantía sobre las responsabilidades contables de los ex altos cargos cuando es la “administración autonómica perjudicada”
[Enlace al Informe solicitado por el Tribunal de Cuentas a la Abogacía del Estado]
El Tribunal de Cuentas ha pedido este martes un informe a la Abogacía del Estado tras mostrar sus “dudas” sobre la “suficiencia y legalidad” de los avales presentados por el Institut Català de Finances (ICF), dependiente de la Generalitat para hacer frente al aseguramiento de los 5,4 millones de euros que se les reclaman a los ex altos cargos y funcionarios de la Generalitat de Cataluña por su presunta implicación en el procés independentista, según informaron fuentes del Tribunal. La decisión del Tribunal supone, por un lado, retrasar su decisión después de que el pasado jueves acordara paralizar los embargos de bienes que había acordado a primera hora de la mañana tras ser informado por los abogados de los ex altos cargos de la inminente llegada de la garantía. Y, por otro, obliga a la Abogacía del Estado, dependiente del Gobierno, a pronunciarse sobre los mismos.
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