Los ataques al poder judicial del vicepresidente segundo parecen inscribirse en una operación mucho más amplia comenzada por los sediciosos catalanes, aceptada con gusto por el nacionalismo vasco y pactada en los momentos actuales con el Gobierno de la nación, tendente a lo que la llaman desjudicialización (un barbarismo mal sonante) de la política, que no es algo distinto a crear un espacio de impunidad en el que los hombres públicos resultan intocables y se sitúan al margen de la ley.
República (30.01.2020)
